Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) son una medida que ha tomado el gobierno español para ayudar a las empresas a mantener a sus trabajadores durante la pandemia de COVID-19. En un ERTE, los trabajadores se ven temporalmente suspendidos de su trabajo o reducen sus horas de trabajo, y reciben una prestación por desempleo.
En cuanto a quién paga los ERTE en España, la respuesta es que son pagados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que es una agencia del gobierno español. El SEPE es responsable de pagar las prestaciones por desempleo a los trabajadores afectados por los ERTE.
Las empresas también tienen ciertas obligaciones en relación con los ERTE. Deben presentar una solicitud al SEPE para autorizar el ERTE y proporcionar información sobre los trabajadores afectados. Además, las empresas deben continuar pagando las cotizaciones a la Seguridad Social por los trabajadores afectados por el ERTE, aunque con una reducción del 50% en las cotizaciones sociales.
Costo de trabajador en ERTE para empresas
En el contexto de los ERTE en España, es importante entender cómo afecta el costo de un trabajador en ERTE a las empresas. En primer lugar, es importante destacar que el trabajador en ERTE sigue siendo empleado de la empresa, pero su contrato se encuentra temporalmente suspendido. Durante este periodo, la empresa no está obligada a pagar el salario completo del trabajador, pero sí algunos costos adicionales.
¿Qué costos tiene una empresa por un trabajador en ERTE?
1. Costo de Seguridad Social: La empresa debe seguir pagando la Seguridad Social correspondiente al trabajador en ERTE, aunque a un porcentaje reducido. Este porcentaje varía según el tipo de ERTE y la empresa, pero generalmente oscila entre el 25% y el 50% de la cotización total.
2. Costo de formación: La empresa debe proporcionar formación al trabajador en ERTE para mantener sus habilidades y conocimientos actualizados.
Este costo puede ser cubierto por la empresa o ser financiado por el Servicio Público de Empleo.
3. Costo de despido: En caso de que la empresa decida despedir al trabajador en ERTE después de la finalización del periodo de suspensión temporal, deberá pagar una indemnización correspondiente al tiempo trabajado antes del ERTE.
¿Quién paga los costos adicionales?
En general, el costo de Seguridad Social reducido es asumido por la empresa, mientras que el costo de formación puede ser financiado por el Servicio Público de Empleo. La indemnización por despido, en caso de que se produzca, será pagada por la empresa.
Pago del 30% del ERTE: ¿quién es responsable?
Si estás interesado en saber quién es responsable del pago del 30% del ERTE en España, te explicaré detalladamente.
En primer lugar, cabe destacar que un ERTE es un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, que consiste en una suspensión temporal de los contratos laborales de los trabajadores de una empresa por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
En el caso del pago del 30% del ERTE, la responsabilidad recae en el empresario o empleador. Esto quiere decir que, aunque los trabajadores afectados por el ERTE estén recibiendo una prestación por desempleo del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), es el empresario quien debe abonar el 30% de la base reguladora de la prestación.
Es importante destacar que esta obligación de pago por parte del empresario solo se aplica a los ERTEs que se han llevado a cabo por causa de fuerza mayor derivada de la pandemia del COVID-19. En estos casos, el empresario debe abonar el 30% del ERTE en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la fecha de efectos del ERTE.
Para comprender quién paga los ERTE en España, es importante tener en cuenta que estos son financiados por el Estado mediante el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), el cual se nutre de las aportaciones empresariales a la Seguridad Social. Sin embargo, las empresas también tienen un papel fundamental en el proceso, ya que son ellas las que solicitan los ERTE y deben abonar las prestaciones a los trabajadores afectados. En este sentido, es fundamental que las empresas se informen adecuadamente y cumplan con todas las obligaciones legales para evitar problemas futuros.